El periodo de la violencia política de Estado (1962-1985) instauró la desaparición forzada como una sistemática de la represión a los opositores del régimen. En Guerrero, dejó más de 500 personas desaparecidas en la Sierra de Atoyac. En 2009 el Estado mexicano fue sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por una de estas desapariciones: el caso Radilla Pacheco vs. México. La sentencia conmina a las autoridades a localizar al señor Rosendo Radilla Pacheco y con ello, visibiliza la existencia en México de desapariciones forzadas en democracia.

A más de 10 años de esta resolución, aún no se conoce su paradero ni la del resto de las personas detenidas desaparecidas. Más aún, se desconoce el estado de las investigaciones de los centenares de desaparecidos y las condiciones de los familiares que están en su búsqueda. Al tratarse de una acción sistemática cometida principalmente en las décadas de los años 60 y 70, el EMAF ha recomendado el análisis conjunto de los casos de las familias integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM), organización creada por los familiares de los detenidos desaparecidos de Atoyac.